CIUDAD DEL VATICANO (CNS) -- Para mejorar los enfoques y medidas de protección de la Iglesia, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores afirmó en su segundo informe anual que se basó en las numerosas aportaciones y comentarios de las víctimas/sobrevivientes.

Como consecuencia, el informe incluye un capítulo en el que se enumeran más de 20 preocupaciones importantes elaboradas por su grupo de discusión de víctimas/sobrevivientes, entre las que se incluyen: la continua falta de responsabilidad de los líderes de la Iglesia y la resistencia a las reformas de protección; el riesgo de represalias y rechazo para los denunciantes; la continuación del ministerio de los autores conocidos; la necesidad de investigar adecuadamente a todo el personal de la Iglesia; y la necesidad de un "enfoque más maduro" de la práctica de la reparación.

"La necesidad principal de las víctimas/sobrevivientes no es una compensación económica, sino más bien el reconocimiento del daño causado, el ofrecimiento de disculpas genuinas y medidas significativas para prevenir futuros abusos", afirma el informe de 103 páginas, publicado el 16 de octubre en el Vaticano, y con traducciones a muchos idiomas.

"En muchos casos, sin embargo, las víctimas/sobrevivientes informan que la Iglesia ha respondido con acuerdos vacíos, gestos teatrales falsos y una negativa persistente a colaborar de buena fe con las víctimas/sobrevivientes", se afirma en el informe.

"Las figuras de autoridad dentro de la Iglesia que perpetran o permiten abusos quizá se hayan considerado a sí mismas demasiado esenciales e importantes como para ser consideradas responsables", se afirma en el informe.

"La Iglesia no debe repetir los mismos errores en su respuesta a los abusos. La Iglesia se considera a sí misma fundamental en el plan de Dios para con la humanidad", dice el reporte, "pero las promesas de Dios a la Iglesia no deben considerarse como ‘demasiado esenciales para fallar’, como un pase libre a la impunidad. Por el contrario, la Iglesia necesita recordar que el ‘juicio (…) empieza por la casa de Dios’".

El Reporte Anual sobre Políticas y Procedimientos de Tutela en la Iglesia tiene por objeto servir "como brújula y bitácora en la peregrinación global de la Iglesia hacia su camino de responsabilidad", escribió en la introducción del documento el arzobispo Thibault Verny de Chambéry, Francia, presidente de la comisión Papal.

Utilizando datos de múltiples fuentes para el año natural 2024, incluidas las observaciones de los nuncios apostólicos y el mecanismo de presentación de informes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el informe analizó varias entidades eclesiásticas, ofreciendo una visión general de sus medidas de protección actuales, los retos actuales y las recomendaciones de los miembros de la comisión.

Cada año, el informe se centra en un conjunto diferente de conferencias episcopales, institutos religiosos y oficinas de la Curia Romana, y el informe de este año también incluye una asociación laica: el movimiento Focolare.

Además de proporcionar detalles precisos sobre las entidades eclesiásticas individuales, el informe también ofrece un análisis global de sus principales conclusiones y observaciones.

Según el informe, hay seis áreas "que la Iglesia debe abordar para cumplir con sus obligaciones fundamentales para con las víctimas/sobrevivientes": espacios seguros para la escucha y la atención; una mejor comunicación, como las disculpas públicas y privadas; un mejor apoyo espiritual y psicoterapéutico; un apoyo económico adaptado a las necesidades específicas de cada víctima; sanciones disciplinarias significativas y reformas institucionales; y más iniciativas de protección en toda la comunidad eclesial.

La comisión desarrollará aún más las seis áreas en "procedimientos más detallados, que se ofrecerán como orientación a las conferencias episcopales y a las órdenes religiosas, para que sean adaptados a sus diferentes contextos culturales y sociales", según el informe.

Uno de los principales enfoques del informe fue la necesidad de una "reparación" adecuada y concreta a las víctimas por parte de toda la comunidad eclesiástica."Uno no puede dañar a uno de los preciosos ‘pequeños’ de Cristo sin traicionar, dañar y, de hecho, enojar a Cristo", afirma. Por lo tanto, "la reparación tanto a Dios como a las víctimas/sobrevivientes también están entretejidas", así como con las víctimas/sobrevivientes y con la comunidad en general.

"Debemos volver a enfatizar el patrón de mala gestión de denuncias por abuso por parte de la Iglesia durante décadas, incluyendo el abandono, la ignorancia, la vergüenza, la culpa y la estigmatización de las víctimas/sobrevivientes, perpetuando el trauma como un daño continuo", afirma.

"El primer objetivo de reparación es detener la hemorragia espiritual y emocional precipitada por la combinación del abuso, la facilitación del abuso y la mala gestión de las denuncias por abuso. Por esto, tanto los casos nuevos como los antiguos son importantes", añade.

El informe enumera los múltiples daños causados por el abuso y la mala gestión, el silenciamiento y el encubrimiento de los casos de abusos.

No solo se perjudica a familias enteras, sacerdotes y religiosos inocentes, sino que un entorno tóxico marcado por el miedo y la desconfianza hacia los sacerdotes, obispos, religiosos, profesores y otros miembros del personal de la Iglesia puede socavar la relación de los niños con la Iglesia "y separarlos de experiencias espiritualmente enriquecedoras".

Además, los sacerdotes, los religiosos y el personal de la Iglesia pueden mostrarse reacios a "educar y orientar a niños y adolescentes, por temor de ser acusados injustamente o debido a protocolos de protección excesivamente restrictivos", afirma.

Según el informe, en cualquier entorno de miedo y sospecha, "los límites necesarios para la salvaguardia de los niños pueden ser considerados demasiado peligrosos para interactuar con ellos", lo que es "gravemente perjudicial para el desarrollo y la formación espiritual de los niños y adolescentes".

El informe también pide una mayor transparencia, especificando cuándo se produjo la dimisión o destitución de los líderes o el personal de la Iglesia por abuso o negligencia.

Aunque dicha comunicación debería respetar los principios relacionados con la privacidad y la presunción de inocencia, esos principios no pueden utilizarse "a costa de las víctimas", afirmó Benyam Dawit Mezmur, miembro de la comisión, en una rueda de prensa en el Vaticano el 16 de octubre.

"Las reparaciones, sin duda --en particular las disculpas, la rehabilitación e incluso la compensación económica-- requieren ese nivel de transparencia, por supuesto, sin menoscabar el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia", afirmó el abogado, que también había formado parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

El informe afirma que "no es simplemente un recuento de los avances de la Iglesia y de las áreas que aún deben mejorarse. Más bien, pretende ser un instrumento vivo de conversión compartida, un medio para comunicar la sabiduría y el conocimiento adquiridos a través del testimonio de las víctimas y los sobrevivientes, y el compromiso de innumerables mujeres y hombres de buena voluntad que han tratado de responder a la pregunta: ‘¿Qué hicieron ustedes, una vez que supieron?’".

Al recopilar y compartir experiencias y perspectivas vividas sobre el terreno, el informe pretendía representar un "camino compartido" para ayudar a la Iglesia a restaurar la confianza y la credibilidad.