WASHINGTON (OSV News) -- En medio de la creciente preocupación por el impacto de la revocación de una política que prohibía la aplicación de las leyes de inmigración en lugares sensibles, los obispos católicos de Estados Unidos han ofrecido su apoyo a una demanda que impugna el cambio de política.

En febrero, más de dos docenas de grupos cristianos y judíos presentaron una demanda en un tribunal federal para impugnar una política de la administración Trump que derogaba las restricciones vigentes desde hacía mucho tiempo que impedían a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar detenciones en lugares considerados sensibles (o "áreas protegidas"), como lugares de culto, escuelas y hospitales.

La demanda --en la que el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional de Georgetown Law representó a los demandantes-- argumentaba que la nueva política provocaba temor a las redadas del ICE tanto en sus propias congregaciones como en las poblaciones a las que atienden, lo que reducía la asistencia a los servicios religiosos y limitaba su capacidad para atender a los menos afortunados.

En abril, un juez denegó la concesión de una medida cautelar a los demandantes, pero la demanda sigue en curso.

A finales de septiembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presentó un amicus brief, a veces denominado "escrito de amigo del tribunal", ante la Corte de Apelación del Circuito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, con el fin de apoyar el argumento de los demandantes de que los cambios en la política han puesto a sus congregaciones en una "posición insostenible".

"O bien aumentan el riesgo de que sus feligreses sean objeto de medidas coercitivas perjudiciales al mantener la obligación de asistir a los servicios semanales, o bien limitan la prestación de servicios religiosos presenciales a sus feligreses en respuesta a la amenaza inminente de una medida coercitiva y a los temores fundados de sus feligreses al respecto", afirmó.

Cuando OSV News le pidió un comentario, un portavoz de la conferencia episcopal, conocida como USCCB por sus siglas en inglés, lo remitió al texto del escrito amicus.

ICE ha argumentado que los cambios en la política les ayudarán a disuadir la actividad delictiva. En una declaración anterior sobre la demanda por esos cambios a OSV News, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, dijo: "Estamos protegiendo nuestras escuelas, lugares de culto y a los estadounidenses que los frecuentan, impidiendo que los delincuentes extranjeros y los miembros de bandas aprovechen estos lugares y se refugien en ellos, ya que estos delincuentes sabían que las fuerzas del orden no podían entrar en ellos bajo la administración anterior".

"La directiva del DHS da a nuestras fuerzas del orden la capacidad de hacer su trabajo", McLaughlin.

Pero los grupos religiosos no son los únicos que han expresado su preocupación por este cambio. Un informe de Axios del 14 de octubre afirma que los trabajadores de salud han dado la voz de alarma sobre el mismo retroceso en la política y que "el aumento de la aplicación de la ley está interfiriendo en la atención médica en algunos casos". El website de noticias LAist informó de que los agentes federales de inmigración han interferido en la atención o en los esfuerzos por garantizar la privacidad médica de los detenidos.

Recientemente, el temor en una iglesia de Chicago puso de relieve los esfuerzos de los obispos de EE.UU. por proteger el derecho de los migrantes a practicar el culto y acceder a los sacramentos. Las noticias sobre la presencia de agentes del ICE cerca de la iglesia católica St. Jerome, en el barrio de Rogers Park de Chicago, el 12 de octubre provocaron advertencias por parte de su párroco durante una Misa, aunque un portavoz del ICE negó que la iglesia fuera el objetivo, según informó NBC Chicago. El medio de comunicación informó de que los vecinos habían recurrido a formar cadenas humanas para ayudar a los migrantes católicos que temen al ICE a salir de esa Misa dominical.

La política de áreas protegidas es una de las preocupaciones en materia de libertad religiosa que algunos defensores católicos de la inmigración han expresado sobre las recientes medidas políticas de control de la inmigración.

La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para sustentar su vida y la de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.

Como grupo, los católicos de Estados Unidos están profundamente vinculados a las poblaciones inmigrantes y constituyen el grupo más numeroso de cristianos directamente afectados por la campaña de deportaciones masivas de Estados Unidos.

Un informe conjunto de la Asociación Nacional de Evangélicos, los Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB, el Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico Gordon-Conwell y World Relief, reveló que más de 10 millones de cristianos que viven en los Estados Unidos serían vulnerables a la deportación bajo las políticas de la administración Trump implementadas en 2025.

Los cristianos representan aproximadamente el 80% de todas las personas en riesgo de ser deportadas. Los cristianos con mayor riesgo de ser deportados son los católicos, que representan el 61% del total.

Otros 7 millones de cristianos que son ciudadanos estadounidenses viven en el mismo hogar que alguien en riesgo de ser deportado.

Además, según los datos del Pew Research Center publicados en junio, más de cuatro de cada diez católicos en Estados Unidos son inmigrantes (29%) o hijos de inmigrantes (14%). Pew también descubrió que ocho de cada diez católicos hispanos nacieron fuera de Estados Unidos (58%) o son hijos de inmigrantes (22%).

Otros ejemplo de cómo la situación actual ha afectado a comunidades migrantes incluyen cómo la Diócesis de Nashville, Tennessee, emitió un recordatorio a los fieles en mayo de que no están obligados a asistir a la Misa dominical si temen por su bienestar, de acuerdo con las propias enseñanzas de la Iglesia y el derecho canónico.

En julio, el obispo Alberto Rojas de San Bernardino, California, emitió una dispensa de la obligación de asistir a la Misa dominical para los fieles que temen por su bienestar en medio de la preocupación por las redadas de inmigración en la zona.- - -Kate Scanlon es reportera nacional de OSV News y cubre la actualidad de Washington. Síguela en X @kgscanlon. Peter Jesserer Smith, editor de noticias nacionales y reportajes especiales de OSV News, ha colaborado en este artículo.- - -BREVE: WASHINGTON (OSV News) -- En medio de la creciente preocupación por el impacto de la revocación por parte de la administración Trump de una política que prohibía la aplicación de las leyes de inmigración en lugares sensibles, los obispos católicos de Estados Unidos ofrecieron su apoyo a una demanda que impugna el cambio de política. En febrero, más de dos docenas de grupos cristianos y judíos presentaron una demanda ante un tribunal federal para impugnar una política de la administración Trump que derogaba las restricciones vigentes desde hacía mucho tiempo que impedían a los agentes del ICE realizar detenciones en lugares considerados sensibles, como lugares de culto, escuelas y hospitales. La demanda, en la que el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown representó a los demandantes, argumentaba que la nueva política provocaba temor a las redadas del ICE tanto en sus propias congregaciones como en las poblaciones a las que atienden, lo que reducía la asistencia a los servicios religiosos y limitaba su capacidad para atender a los menos afortunados. En abril, un juez denegó la solicitud de medida cautelar a los demandantes, pero la demanda sigue en curso. A finales de septiembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presentó un amicus curiae, a veces denominado "escrito de amigo del tribunal", ante la Corte de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia, para apoyar el argumento de los demandantes de que los cambios en la política los han puesto en una "posición insostenible".