(OSV News) -- Miles de familias salvadoreñas mantienen por ahora su protección migratoria y autorización de trabajo en Estados Unidos, después de que el Departamento de Seguridad Nacional confirmara que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) conservarán sus beneficios mientras que el Gobierno no anuncie una decisión definitiva sobre el futuro del programa.

La confirmación llegó tras vencer el 9 de septiembre el período vigente del TPS para El Salvador, generando incertidumbre entre unos 170.000 salvadoreños que dependen de esta protección y, en muchos casos, llevan más de dos décadas viviendo, trabajando y formando sus familias en Estados Unidos. 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no anunció una nueva extensión ni estableció una fecha para comunicar su decisión.

"Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección", informó el DHS. 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha indicado que la autorización de empleo permanece vigente mientras no se produzca ese anuncio oficial.

Para el abogado de inmigración José Gerardo Lagos, quien brinda asesoría legal a la Embajada de El Salvador en Washington, la situación representa un alivio, pero no debe interpretarse como una nueva extensión formal del TPS.

"Toca ser prudente y esperar el anuncio de Markwayne Mullin, secretario de DHS, que puede ser una extensión por seis meses o una cancelación definitiva para los salvadoreños", explicó Lagos. "La decisión que se adopte tendrá valor legal para los trámites migratorios cuando sea publicada en el Federal Register".

El abogado recordó que el Gobierno estadounidense ha adoptado decisiones diferentes con otros países cuyos programas de TPS llegaron a su fecha límite. En algunos casos se han concedido períodos adicionales de protección (como en el caso de Libia), mientras que en otros se ha procedido a la terminación del beneficio (caso Honduras).

Por ello, consideró que una eventual extensión de seis meses debe verse también como un período para buscar una solución migratoria de mayor alcance.

"Si el Gobierno le concede seis meses adicionales al TPS de El Salvador, eso significa que el final de ese privilegio migratorio está cerca y las autoridades diplomáticas de ese país, así como las organizaciones proinmigrantes, tendrán que trabajar fuerte con senadores y congresistas en Washington para encontrar una salida a su situación migratoria", manifestó.

El TPS salvadoreño fue extendido por última vez por 18 meses, del 10 de marzo de 2025 al 9 de septiembre de 2026, durante la administración del presidente Joe Biden. La designación se basó en las condiciones derivadas de los desastres naturales que afectaron al país.

El TPS fue concedido a El Salvador después de los devastadores terremotos de 2001 y ha sido renovado sucesivamente durante un cuarto de siglo. Para miles de beneficiarios, lo que comenzó como una protección temporal se convirtió en el marco legal bajo el cual construyeron sus vidas en Estados Unidos.

Muchos llegaron siendo jóvenes y actualmente son padres o abuelos de ciudadanos estadounidenses. Durante estos años compraron viviendas, establecieron negocios, pagaron impuestos y se incorporaron a sectores esenciales de la economía.

Según datos citados por la National TPS Alliance, unos 170.000 salvadoreños se benefician actualmente del programa y aproximadamente 152.000 forman parte de la fuerza laboral estadounidense. 

Según Reuters, los trabajadores salvadoreños con TPS contribuyen con unos 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense.

Detrás de las cifras hay familias que llevan entre 20 y 25 años en Estados Unidos y que ahora viven nuevamente con incertidumbre. Una decisión de terminación podría obligar a miles de personas a buscar otras vías migratorias o enfrentar procedimientos de deportación si no cuentan con otro estatus legal.

En agosto, cientos de líderes religiosos --incluidos varios obispos estadounidenses-- y numerosas organizaciones habían instado a la administración Trump a prorrogar el TPS para El Salvador.

"Creemos que enviar a cientos de miles de salvadoreños amparados por el TPS de vuelta a un país inestable y desconocido para ellos, que carece de la capacidad para sostener a sus propios ciudadanos, supone un peligro para esas personas y una decisión que tendría graves consecuencias negativas durante los próximos años", argumentaron los líderes en una carta del 21 de agosto dirigida al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

En su carta, los 270 líderes religiosos y organizaciones firmantes añadieron que, aunque "todos procedemos de diversas corrientes religiosas, tenemos el propósito común de respetar la vida humana, defender la dignidad inherente a cada persona, mantener la unidad familiar y proteger a quienes no pueden regresar de forma segura a su país de origen debido a conflictos, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias".

A principios de este año, la Corte Suprema de EE.UU. permitió a la Administración Trump poner fin a la designación del TPS para los ciudadanos haitianos y sirios. Los líderes católicos también han instado a que se proteja a los ciudadanos de esos países que se verían expuestos a condiciones peligrosas en sus países de origen.

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Miguel Vivanco es editor adjunto de El Pregonero, el medio de comunicación en español de la Arquidiócesis de Washington. Una versión de este artículo fue publicada originalmente por El Pregonero y es distribuida a través de una asociación con OSV News. OSV News contribuyó a este artículo.